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Algunas de las claves del sistema jubilatorio


Los claroscuros del nuevo sistema previsional hacen pasar las decisiones por el análisis de la situación personal de cada aportante, pero hay un tema que es común a todos: ¿cómo protegerse mejor de la inflación?

De la decisión que adopten los afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) --unos 11,5 millones de personas--, antes del 31 de diciembre, dependerá posiblemente la suerte que corran muchas administradoras privadas, que por ahora comenzaron tibiamente a desplegar una campana de difusión en todo el país.

Dentro del sistema pueden diferenciarse dos grandes grupos: el primero lo integraron los aportantes que pasaron al sistema de reparto, siendo esta decisión de carácter irreversible --fueron alrededor de 800.000 afiliados, con edades avanzadas, y que no pudieron acumular más de 20.000 pesos en sus cuentas desde 1994, cuando se instaló el sistema--.

Un segundo grupo está formado por los que se quedan en capitalización, salvo que opten por pasar a reparto, siendo su decisión reversible dentro de 5 anos --unos 10 millones de personas--. Luego, hay un tercer grupo que no tiene elección, se trata de unos 300.000 individuos, principalmente docentes, que pertenecieron a alguno de los regímenes provinciales traspasados en los noventa, en cumplimiento de los pactos fiscales, al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).

Futura decisión. El grado de información alcanzado por los afiliados será elemental para hacer un análisis costo/beneficio. El cambio introducido en la fórmula de cálculo de la jubilación pública la ha vuelto más atractiva --reconoce una prestación por permanencia del 1,50% por ano aportado, retroactivo a 1994-- aunque no es la única diferencia con el pasado.

Es cierto que el país atraviesa una situación fiscal inédita, pero también es lícito preguntarse si esto continuará en el tiempo. Al margen de quienes opten por simpatía, una cosa parece cada vez más cierta, el grupo de afiliados que pasaron a reparto --hombres mayores de 55 anos y mujeres mayores de 50, con menos de $20.000 en su cuenta de capitalización-- representa un soplo de aire fresco para las AFJP. Se trata de un grupo de riesgo, por su edad, y que además genera bajos márgenes comisionales.

"Es una población que genera un grado de siniestralidad mayor, y eso le generará mayor carga a futuro al Estado, y cierta descarga al sector privado" admitió recientemente en diálogo con este diario el vicepresidente de la Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, Jorge Saumell.

El esfuerzo de las AFJP seguramente estará puesto en retener a los afiliados más jóvenes, con mayores perspectivas de mejorar sus perfiles laborales, y a los que tengan salarios más altos, ya que representan mayores comisiones. Claro que como la necesidad tiene cara de hereje, probablemente también haya administradoras que se disputen los grupos menos atractivos.

Menos comisión. La regulación de la comisión que pueden cobrar las AFJP por administrar los fondos de sus afiliados --no puede superar el 1% sobre el salario sujeto a aporte-- es otro aspecto inédito de la última reforma. Si bien muchas administradoras venían alineándose con este valor, es cierto que no todas tienen los mismos costos de funcionamiento. Este fue un punto citado por algunos especialistas, que podría impulsar fusiones entre las empresas.

Otro aspecto novedoso es que con la reforma desaparecen las coberturas colectivas de vida e invalidez, que las AFJP contratan a las aseguradoras. En lugar de eso, el seguro estará mutualizado --su costo lo compartirán entre todas las administradoras-- pero su valor se descontará de los stocks de fondos acumulados, en lugar de hacerlo de los aportes de los afiliados, como ocurría hasta ahora.

Esta situación, advierten desde la UADE, podría favorecer a las firmas en actividad y frenar el ingreso de otras nuevas al mercado, ya que estas últimas, al carecer de fondos acumulados, deberían restar las comisiones por cobertura de riesgos de sus márgenes de rentabilidad.

En perspectiva --sostiene la UADE--, "puede esperarse una industria más consolidada, con algunas fusiones, clientes más jóvenes, y con mejores ingresos promedio. También con menores siniestros de invalidez y fallecimiento".

En cuanto a los indecisos que ingresen ahora al mercado laboral y que la ley prevé que vayan a reparto, se estima que las AFJP tratarán de captar primero a los que tienen ingresos más altos y menor edad.

¿ Qué pasa con la movilidad de las jubilaciones? Con la aprobación de la reforma previsional (ley 26.222 y decreto 313/07) se volvió a instalar el tema de la necesidad de tener un sistema de movilidad para los haberes previsionales, tal como la Corte Suprema recomendó crear al Poder Ejecutivo, luego que algunas demandas en ese sentido llegaran hasta ese tribunal.

La situación no pasa desapercibida para muchos futuros jubilados, cuando en el país se advierte un nuevo proceso inflacionario en ciernes. Como se sabe, la ley dispuso que el beneficio jubilatorio se determine a partir del promedio de ingresos de los últimos 10 años de actividad, con tope para los aportes en 6.000 pesos, y un "piso" mínimo de 530 pesos de jubilación. Pero...?qué pasará en el futuro?

Es cierto que durante estos años la jubilación mínima sufrió ajustes --superaron el 165%, pasando de $200 en julio de 2003, a $530 en la actualidad--, pero en todos los casos se debieron a decisiones del presidente de la Nación, en un marco de fuerte recuperación del superávit fiscal. Cabe preguntarse, entonces, ?qué podría pasar si este escenario cambiara radicalmente, y para la actualización de los mínimos se siguiera dependiendo de una decisión presidencial? Quién puede asegurar que los aportes al Estado, durante los 10 anos de actualización de haberes, no terminarán licuándose, como ya ocurrió entre los anos `70 y `80, si la inflación se desborda.

No es menos cierto que en capitalización tampoco hay una protección explícita de los aportes contra la inflación. Sí existe un sistema de movilidad de los haberes alcanzado el beneficio, pero únicamente si el afiliado contrata una renta vitalicia --tiene otros costos--.

Entonces, el sistema le reconoce un mínimo de movilidad de sus haberes, igual al 90% de la tasa de encuesta del Banco Central. Si no se indexan los aportes al sistema jubilatorio, y se acelera el proceso inflacionario, los trabajadores que no reciban aumentos de salarios durante los últimos diez anos serán fuertemente perjudicados en la determinación de sus jubilaciones.

La disyuntiva para el gobierno es: no indexar y hacer correr el riesgo a los trabajadores de que sus salarios vayan detrás de la inflación, junto con sus aportes, o indexar en base al comportamiento futuro de algún índice de salarios. Habría, de este modo, una regla para determinar el beneficio, y otra para conservarlo estable en el tiempo. Ninguna estaría exenta de representar un gasto para el Estado, pero sería un acto de justicia para los jubilados actuales y los futuros.

Fuente La Nueva Provincia web
lanuevaprovincia.com.ar

 

 

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