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Consideraciones sobre el Pacto de Toledo  (Parte 2)


El Pacto de Toledo es en esencia la fijación de reglas claras que regirán el sistema Previsional Español de ahora en más (1995), diciendo claramente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer.

De tal manera las autoridades no asumieron medidas a su antojo, como ocurrió y ocurre en nuestro país, donde el Poder Ejecutivo otorga Jubilaciones sin aportes, sin un sustento legal y lógico como hubiera correspondido, destrucción de la pirámide jubilatoria, aumentos discriminatorios, liquidación de haberes jubilatorios sin la correspondiente actualización de los mismos, no respetando la movilidad a pesar de ser un derecho constitucional, otorgando jubilaciones de privilegio, retiros especiales para algunos sectores de los tres poderes del estado, etc.

De aquí se desprende que si en la Argentina procedemos a hacer una Reforma Previsional profunda, respetando las reglas de juego que fijemos para la nueva ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, los gobiernos de turno no podrán usar los dineros de los jubilados y aportantes genuinos al sistema para hacer politiquería barata con fines netamente electoralistas que tanto dano provoca en la convivencia de todos los argentinos.

A continuación pasamos a detallar las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Primera recomendación: separar las fuentes de financiación de las prestaciones.

Esta constituye una condición previa para establecer otro tipo de medidas de reforma del nivel contributivo. La recomendación recoge el siguiente modelo:

a) prestaciones contributivas (pensiones contributivas e incapacidad laboral), financiadas básicamente mediante cotizaciones (1) sociales.

b) prestaciones universales (asistencia sanitaria, servicios sociales, pensiones no contributivas), financiadas íntegramente con aportaciones del Estado, obtenidas por medio del sistema tributario, con un equilibrado reparto de las cargas entre los ciudadanos, a partir de criterios de equidad, de manera que existan aportaciones de las distintas fuentes (trabajo y capital), de manera progresiva al nivel de ingresos.

Durante el proceso gradual de separación de esta financiación de prestaciones, los excedentes contributivos pueden utilizarse para financiar las prestaciones universales, aunque ello no debe poner en duda su origen.

Segunda recomendación: constitución de un fondo de reserva.

Actualmente todos los excedentes de cotizaciones se destinan a la financiación de las prestaciones universales. El aumento progresivo de aportaciones del Estado a las prestaciones universales liberará cotizaciones que deben destinarse a crear este fondo que pueda garantizar la estabilidad del sistema contributivo y que sirva de provisión de fondos ante ciclos económicos recesivos o de aumentos del gasto coyunturales. (2)

Tercera recomendación: mejora de las bases de cotización.

Acercar las bases de cotización a los salarios reales en un período máximo de cuatro años. Ello supondría un mayor aporte de recursos al sistema y mejoraría sustancialmente la cuantía final de las prestaciones que percibirían los beneficiarios. Así estaría también justificado para evitar irregularidades provocadas por la utilización indebida de categorías, buscando una menor cotización.

Incorporar al sistema de contribución aquellas modalidades de contratación actualmente exentas de cotización total o parcialmente como el contrato de aprendizaje y tiempo parcial inferior a 12 horas a la semana ó 48 horas al mes.

Definir el concepto de salario cotizable, revisando los complementos salariales no cotizables para el cálculo de la base de cotización, excluyendo solamente aquellos que tengan una clara finalidad indemnizatoria. Así se evitaría un desplazamiento de los conceptos retributivos hacia complementos salariales no cotizables.
Revisar la cotización por horas extraordinarias estructurales.

Cuarta recomendación: financiación de regímenes especiales.

Progresiva equiparación de bases y salarios al conjunto de los regímenes integrantes del sistema de Seguridad Social (autónomos, carbón, mar, empleados del hogar, agrarios por cuenta ajena y agrarios por cuenta propia). Para evitar distorsiones es necesario adecuar de manera progresiva la cotización de los regímenes especiales a los ingresos reales.

Quinta recomendación: mejorar los mecanismos de recaudación y luchar contra la economía irregular.

El impulso de esta recomendación recae básicamente en la Administración, que tiene que establecer los instrumentos de gestión y de control que permitan acabar con determinadas prácticas.

Mantener una actitud flexible para que los pagos de cotizaciones no agraven una situación económica negativa de las empresas que genere la pérdida de empleos.

Mario Di Bona
Comisión Directiva
Asociación 50 a 60

Próxima entrega, el resto de las consideraciones sobre el Pacto de Toledo

Notas:

(1) La palabra cotizante debe interpretarse por aportante, y cotizar por aportar.

(2) Segunda Recomendación: El sistema provisional argentino incorporó con la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) un mecanismo para garantizar las obligaciones provisionales futuras.

Para leer la primer parte de El Pacto de Toledo, clic aquí.

 

 

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