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El 82% privilegio de unos pocos

La falta de definiciones del Congreso frente al tiempo transcurrido desde el Fallo Badaro, hace que los integrantes de la Corte Suprema consideren incumplida la orden dada hace un ano y planeen un llamado de atención hacia el Poder Ejecutivo.

Mientras tanto, el Gobierno nacional hizo anuncios de restituir el 82% a la jubilación de docentes universitarios eliminado a mediados de los anos 90, respondiendo al compromiso asumido al dictarse los decretos 137/05 y 160/05 por los que se reimplantaron los beneficios del 82% para los docentes de educación básica y medida, y del 85% para investigadores y docentes universitarios con dedicación exclusiva según las leyes 24.016 y 22.029 y su modificatoria 23.026.

La necesidad de mantener una proporción justa y razonable entre el haber de pasividad y la situación de los activos, es un derecho que les asiste a todos los jubilados, contemplado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Además debe existir una relación entre el incremento y el haber pasivo, lo que es desvirtuado con el otorgamiento de sumas fijas, ya que la política de otorgar incrementos sólo a los haberes más bajos trae como consecuencia el achatamiento de la escala de prestaciones y provoca que quienes contribuyeron al sistema en forma proporcional a sus mayores ingresos se acerquen cada vez más al beneficio mínimo, poniendo en igualdad de condiciones a los que han efectuado aportes diferentes y quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo.

A estas consideraciones debe agregarse la definición de política social asumida por el Gobierno nacional, que es la de proteger a trabajadores y trabajadoras que no cuentan con la edad o los aportes exigidos, que debería ser solventada con recursos del gobierno, y no con los fondos del sistema.

Teniendo en cuenta la protección especial que la Ley Suprema ha otorgado al conjunto de los derechos sociales, imponiéndole a los legisladores proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social, para lo cual deben legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen los derechos reconocidos, no deben dilatar el tratamiento de un ajuste por movilidad en los haberes jubilatorios.

La movilidad es una previsión con profundo contenido social y es el Congreso quien debe fijar el contenido concreto de la garantía constitucional y como tal debe ser para todos los JUBILADOS, no sólo para algunos.

La Constitución Nacional NO DISCRIMINA. La ley debe aplicarse para todos los jubilados, no sólo para algunos…

Alicia Gaitán
Comisión Directiva
Asociación 50 a 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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