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Una nueva gestión legislativa por la movilidad previsional

Diputados Nacionales se reunieron con el Dr. Juan Carlos Maqueda, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los diputados María América González, Eduardo Macaluse, Nélida Belous, Verónica Benas y Claudio Lozano, que se reunieron con el Ministro del Alto Tribunal elogiaron el fallo por la sentencia Badaro, pero a su vez manifestaron una profunda preocupación ante la posibilidad de que los poderes Legislativo y Ejecutivo no den una respuesta integral a todos los trabajadores pasivos.

La Corte, en el primer fallo Badaro, "fue precisa al detallar la omisión legislativa -de subsanar la postergación de haberes de los jubilados-": por eso el Congreso debía reparar adecuadamente el menoscabo sufrido por los beneficiarios que percibían haberes superiores a los mínimos.

Si bien la ley de presupuesto aprobada en diciembre último estableció un aumento para el ano en curso, omitió fijar el incremento que se devengó durante los últimos cinco anos. Además, ese aumento hacia el futuro no corrige el achatamiento de las escalas jubilatorias, por lo que la ley de presupuesto no cumplió con las exigencias que había establecido el fallo.

Para el Alto Tribunal, como 2007 no finalizó, no se puede determinar de antemano si los aumentos dados desde la ley de presupuesto son suficientes. pero sí está claro que la citada ley no restableció la movilidad. Cualquier régimen de movilidad de los haberes no puede resultar en una reducción confiscatoria de los ingresos del jubilado. La ley de solidaridad previsional, precisamente, tenía ese problema y establecía un régimen de movilidad desacoplado de la variación salarial. por eso, la Corte lo declaró inconstitucional.

Según el fallo, el régimen de movilidad debe "asegurar a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición que tuvieron durante sus anos de trabajo". y agregó: "la reglamentación del artículo 14 bis de la constitución -que es donde se establece la pauta de movilidad de los haberes- para conferir eficacia a la finalidad protectora de la ley fundamental debe guardar una razonable vinculación con los cambios que afectan al estándar de vida que se pretende resguardar".

En los últimos cinco anos, frente a la suba de un nivel de precios del 91,26% y una modificación de los salarios del 88%, la prestación de Badaro sólo se incrementó el 11% dispuesto por el decreto 764/06. La Corte recuerda que en numerosos casos senaló que los beneficios jubilatorios, que siempre estuvieron atados a un promedio de salarios devengados, deben ajustarse de modo de dar adecuada satisfacción al carácter sustitutivo del haber. Por eso, el tribunal fijó la utilización del nivel general del índice de salarios elaborado por el INDEC.

El fallo se limita al caso Badaro, porque la Corte no dicta sentencias de carácter general. Por eso, el Tribunal, en la sentencia, indica que el Congreso contribuiría a dar mayor seguridad jurídica y a evitar el incesante incremento de la litigiosidad si dicta una ley que estableciera pautas de aplicación permanentes.

Por último, los diputados manifestaron que "continuamos trabajando en la junta de firmas para que el Congreso Nacional dé tratamiento legislativo al proyecto de ley de movilidad". (Para bajar la planilla de firmas clic aquí).

Asimismo cabe señalar que la Diputada María América González presentó el proyecto 5411-D-07, instando a la obligatoriedad de la aplicación de ajuste del 88,6% impuesto por la CSJN sobre el caso Badaro.

Alicia Gaitán
Comisión Directiva
ASOCIACION 50 A 60
www.asociacion50a60.org.ar



 

 

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